El juez federal Ariel Lijo es un actor central de los tribunales de Comodoro Py, con mucha influencia en el fuero federal porteño y un historial de causas de alto voltaje político, desde el caso Ciccone, en el que envió a la cárcel a Amado Boudou; hasta las coimas de Siemens, el encubrimiento del atentado a la AMIA y la causa del Correo Argentino, donde se denunció como perjudicial un intento de acuerdo del Estado con la empresa de la familia de Mauricio Macri, expediente todavía abierto.

Lijo es uno de los principales referentes de Ajufe, la asociación que nuclea a los jueces federales, y tiene muy buena relación con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que presidió durante una década el máximo tribunal, pero hoy se encuentra en minoría frente a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, a quienes no les cayó bien enterarse de que el Gobierno tenía tomada la decisión de que Lijo fuera uno de los dos candidatos promovidos por Javier Milei para desembarcar en la Corte Suprema de Justicia. Milei había dicho públicamente que iba a consensuar los candidatos al máximo tribunal con los ministros actuales.

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Como juez federal, Lijo acumuló denuncias y acusaciones en su contra, tanto por demoras en el manejo de las causas que tenían a exfuncionarios kirchneristas en el banquillo como por los movimientos de su hermano, Alfredo “Freddy” Lijo, un reconocido operador judicial. Elisa Carrió fue una de sus principales detractoras; tan crítica de Lijo como de Lorenzetti.

Nacido en 1968 en Villa Domínico, hijo de dos maestros, Lijo comenzó la carrera judicial, como meritorio, antes de recibirse de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Ingresó en la defensoría oficial en 1990 y a los dos años ya trabajaba en la fiscalía de Cámara con Luisa Riva Aramayo, la mujer más fuerte del menemismo en la Justicia, artífice de maniobras que garantizaron impunidad de funcionarios durante todo el gobierno de Menem. Ella lo incorporó a su círculo. Primero en la fiscalía de la Cámara del Crimen y después, en 1993, en la codiciada Cámara Federal Porteña, donde Lijo fue nombrado prosecretario.

En la Cámara Federal Lijo conoció a Gabriel Cavallo, de quien se hizo muy amigo, y tiempo después se casó con su hermana, Silvia Cavallo, hoy fiscal federal de Quilmes, de quien años más tarde se separó.

Ahora Lijo lleva 19 años al frente del Juzgado Federal N°4 en lo Criminal y Correccional, cargo al que accedió por concurso. Había quedado quinto en la lista de candidatos del Consejo de la Magistratura, pero se vio favorecido porque dejaron el concurso Eduardo Freiler y Luis Salas. Lijo heredó el juzgado de su amigo Cavallo, que había sido ascendido a camarista.

En la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA envió a juicio oral a Carlos Menem, al exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al exjuez Juan José Galeano, entre otros. En el caso Ciccone fue quien procesó a Boudou, en 2014, cuando era vicepresidente. Pero recién ordenó su detención tres años después, en tiempos del gobierno macrista y cuando el exministro de Economía llevaba años fuera del núcleo kirchnerista. El juez fue muy cuestionado porque se hizo pública la foto del momento del arresto de Boudou, en pijama en su casa, una filtración por la que también se apuntó a las fuerzas de seguridad, que en ese momento comandaba Patricia Bullrich.

Hábil para las relaciones sociales, Lijo es un activo socio de Boca, club donde se tejen relaciones entre la Justicia y la política.

La principal denuncia que enfrentó Lijo en el Consejo de la Magistratura tuvo su origen en los movimientos financieros y patrimoniales de su hermano Freddy. Fue por la compra de los terrenos del haras La Generación, situado en el kilómetro 212 de la ruta 2. Esa operación puso bajo la lupa de un sector de la política la situación patrimonial de los Lijo. El inmueble estuvo siempre a nombre de Freddy y, pese a las medidas de prueba que llevó adelante en ese entonces el Consejo de la Magistratura, en ninguna de las escrituras apareció el juez.

María Carla Lago, exesposa de Freddy Lijo, vinculó al juez con ese haras. Al declarar en el Consejo de la Magistratura durante el proceso de remoción del camarista Eduardo Freiler, Lago dijo que el magistrado estaba vinculado a una sociedad que administraba “La Generación”. Esa supuesta participación no figuraba en ninguna de las declaraciones juradas que había presentado el juez.

“No sé si está a nombre de mi exmarido. Pero Freiler y mi exmarido también tenían un balneario en Necochea”, afirmó en octubre de 2017 Lago, la excuñada de Lijo. Lago dijo además que no sabía por qué aparecía como socia en una financiera. Que ella firmaba lo que le decía Alfredo Lijo. Cuando se tramitaba esa investigación, el dueño de la financiera que figuraba prestándole dinero a Freiler y haciéndose cargo de su hipoteca, Inversora Callao, dijo a LA NACION que “tanto Freiler como Ariel Lijo y su hermano Alfredo” eran “clientes” suyos.

Lijo explicó que su único contacto fue con una escribanía que funciona en el mismo lugar que Inversora Callao. Fue la escribanía que hizo los trámites para constituir, a propuesta de Lijo, Ajufe, la asociación que nuclea a los jueces federales. El juez explicó que sólo le había hecho a su exmujer un permiso para sacar a sus hijos del país.

En 2017, Lijo fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la agrupación Será Justicia y la organización Usina de Justicia. Lo acusaron de “demoras excesivas en la tramitación de causas” que tienen a funcionarios públicos como imputados en casos de corrupción. Lijo negó las acusaciones y respondió con un escrito sobre las 23 causas por las que fue cuestionado y su estado procesal. El Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia en 2018.

Después del cierre de la causa en el Consejo de la Magistratura, Lijo fue denunciado penalmente por Carrió. La causa apuntaba contra el juez, su hermano y Julio De Vido. Carrió siempre vinculó a los hermanos Lijo con el otrora todopoderoso ministro de Néstor y Cristina Kirchner, y acusó al juez de haberle armado una causa por enriquecimiento ilícito. A él y a Lorenzetti. El abogado de Lijo en ese expediente fue nada menos que Mariano Cúneo Libarona. Lo sobreseyó el juez federal Julián Ercolini, con el aval del fiscal Franco Picardi.

El juez Lijo actualmente enfrenta otras dos acusaciones en su contra en el Consejo de la Magistratura. El expediente 107/2023 fue iniciado por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López el 3 de agosto de 2023, pero desde entonces no tiene un consejero instructor asignado. La Comisión de Disciplina que debe activar este caso es presidida por el exdiputado kirchnerista Héctor Recalde, que integra el Consejo en representación de los abogados. Por otro lado, contra Lijo también se inició el expediente 35/2024, la semana pasada, por impulso de Pedro Eduardo Amarillo, que aún no fue girado a ninguna comisión.

La denuncia que impulsa el diputado López apunta a la intervención de Lijo en las causas que se tramitan por presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial (Ospjn). A lo largo de los últimos años, Lijo recibió fuertes cuestionamientos desde la política y los tribunales por mantener “viva” una causa que, de manera indirecta, apuntaba al juez de la Corte Maqueda por su eventual responsabilidad en presuntos desmanejos de la obra social.

Ese expediente incluso derivó en un áspero enfrentamiento entre el juez y el fiscal Carlos Stornelli, que pedía el archivo de la causa y caracterizó a una de las denuncias (presentada por el gremio judicial Sitraju, ligado al kirchnerismo) como una “recopilación de distintas noticias de medios de comunicación” que no tenía “documentación sobre hechos delictivos”.

En vez de admitir o rechazar el dictamen de Stornelli, el juez Lijo lo despachó con un “téngase presente” y ordenó algunas medidas de prueba. Stornelli reaccionó en duros términos. Le reclamó al juez que resuelva su dictamen a favor del archivo –porque ante su rechazo podría apelar a la Cámara–, y reafirmó que la decisión de extender la investigación “implicaría legitimar una lisa y llana ‘excursión de pesca’”. Es decir, un intento por buscar algo que permita mantener abierta la pesquisa. Eso, recordó el fiscal, llevaría a la nulidad de todo.

Stornelli señaló que la denuncia del Sitraju “habla a las claras de una mano aviesa intentando echar sombra sin riesgo de mostrar el rostro”, pero no identificó quién sería el interesado en mantener a Maqueda en el candelero de una causa penal abierta, con el desgaste consiguiente. Pero en los tribunales señalaron a otro ministro de la Corte, Lorenzetti, como el eventual fogonero, según reconstruyó LA NACION en base a cinco fuentes judiciales.