A pocos días de dejar la gestión, la transición en la provincia de Chaco quedó envuelta en un nuevo escándalo después de que el gobierno de Jorge Capitanich emitiera una serie de cheques millonarios de pago diferido que deberían ser cancelados después del 10 de diciembre, lo que comprometería a la nueva administración que estará a cargo del gobernador electo de Juntos por el Cambio (JxC), Leandro Zdero.

Esta semana, la Subsecretaría de Hacienda del Chaco emitió el Memorándum 170 a través del cual dio instrucción de emitir cheques de pago diferido a favor del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) por un monto de $3500 millones con vencimiento entre los días 20 a 22 de diciembre.

Junto a ello, diferentes versiones aseguran que el gobierno de Capitanich pretende anular pagos de préstamos a plazo corto por $30.000 millones que fueron realizados entre enero y octubre de este año a las empresas SAMEEP y SECHEEP, una maniobra que afectaría seriamente las finanzas del gobierno entrante.

Ante esta situación, el bloque de Juntos por el Cambio sostuvo que la gestión de Capitanich está llevando adelante una serie de maniobras que comprometen las arcas públicas y presentó ante la Legislatura provincial un pedido de informes.

“Según versiones recogidas en los medios, el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, a un mes del cambio de gobierno habría tomado decisiones que dificultarían y complicarían el arranque del nuevo gobierno”, señalaron los legisladores de la oposición Leandro Césa Zdero, Doris Lilian Arkwright, Andrea Silvina Canteros Reiser, Debora Soledad Cardozo, Gustavo Silvio Corradi, Zulma Galeano, Livio Edgardo Gutierrez y Sebastian Leonardo Lazzarini.

En ese sentido, expresaron: “La maniobra complicaría financieramente la gestión que se inicia, a un mes de asumir el gobernador electo. Se trataría de un posible operativo irregular de anulación de órdenes de préstamos a SECHEEP y SAMEEP de préstamos a corto plazo que fueron auditadas por la Contaduría General de la provincia, que pretenden ser reemplazadas por cuentas a cobrar a largo plazo”.

Este hecho se suma a la polémica que tuvo lugar a principios de mes, cuando la Legislatura- por pedido de Capitanich- aprobó el pase a planta permanente de 17.000 personas, en su gran mayoría militantes, familiares y ex funcionarios, hasta el año 2030.

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