ROSARIO. ”Esto fue coordinado. Se conformó un grupo criminal para llevar adelante los atentados”, aseguró el fiscal Adrián Spelta en una conferencia de prensa, luego de que los 30 allanamientos y las seis detenciones de los presuntos autores materiales y organizadores de los cuatro homicidios que se sucedieron a principios de marzo y que provocaron un fuerte impacto en la ciudad, que quedó durante varios días paralizada y motivó a que el Gobierno envíe un refuerzo de efectivos federales.

Como autores intelectuales aparecen, según altas fuentes del gobierno, dos jefes narcos que están presos en el penal de Ezeiza: Esteban Lindor Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla, los peligrosos delincuentes que hace un año planearon fugarse de esa cárcel en un helicóptero.

El equipo de fiscales que investigó este caso fue muy cauto a la hora de dar detalles sobre los detenidos y sus posibles roles. Fue clave para que avanzara la investigación la detención del menor de 15 años, acusado de ser el asesino de Bruno Bussanich, el empleado de la estación de servicio al que habría ejecutado el 9 de marzo pasado. En esta serie de allanamientos, en los que participaron unos 300 efectivos, según detalló el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se secuestró la ropa que usó el joven durante el homicidio en la estación de servicio Puma, donde quedó registrado por las cámaras.

Spelta dijo que en la audiencia que se realizará el martes esperan delinear parte del plan que se usó para generar conmoción en Rosario a partir de los atentados y los cuatro homicidios. La hipótesis más firme que se maneja es que esta cadena de ataques fueron una reacción a las políticas carcelarias que aplicó el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro después de asumir, cuando el 12 de diciembre se empezaron a aplicar una serie de controles y restricciones a los presos de alto perfil de la cárcel de Piñero, que está ubicada a unos 25 kilómetros de Rosario. El primer hecho de la saga comenzó el 2 de marzo, cuando fue atacado a balazos un ómnibus que trasladaba guardiacárceles.

Los allanamientos que se realizaron durante la madrugada, en medio de un fuerte despliegue en el que participaron agentes de la Tropa de Operaciones Especiales y de la Policía de Investigaciones, llevó a domicilios que estarían vinculados a un sector cercano a Esteban Alvarado, preso actualmente en el penal de Ezeiza con prisión perpetua.

Este jefe narco aparece en la trama a partir de que entre los detenidos se encuentra gente que tributaba a Claudio Mansilla, alias Morocho, quien se fugó en 2021 del penal de Piñero tras un ataque comando. Fue recapturado once meses después y la justicia decidió trasladarlo a la cárcel de Ezeiza, donde tenía previsto participar con Alvarado de un plan de fuga más impactante: escaparse con un helicóptero del penal federal, algo que no logró concretar después de que el piloto delatara al jefe narco.

En el gobierno evalúan que si las evidencias en la justicia son sólidas pedirán el aislamiento total de Alvarado y de Mansilla, que ambos están alojados en el penal de Ezeiza. La principal hipótesis que se maneja es que los jefes narcos pasaban información sobre los ataques a través de las visitas íntimas, que no están restringidas en el régimen actual. Este martes se realizaron requisas en el penal de Ezeiza, según confirmó el fiscal, y también en el penal de Piñero.

Hasta ahora no aparece en la investigación que haya una acción conjunta entre distintas que antes eran antagónicas, como conjeturaban en el gobierno a partir de información que había surgido dentro de las cárceles. “Creemos que hicieron correr esa información de manera intencionada”, planteó una alta fuente, que aclaró que aún no se descarta esa estrategia. Pero sí la coordinación fue entre Alvarado, Mansilla y Alejandro Núñez, conocido como Chucky Monedita, un sicario de peso.

Alvarado tiene una inquina particular contra Pullaro desde que en su gestión en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe fue detenido en febrero de 2019 en un camping en Río Tercero, que era el lugar donde se escondía. A partir de su caída empezaron a surgir investigaciones en el fuero provincial y federal que lo llevaron otra vez a la cárcel. Y mandó a matar a varios testigos que declararon en su contra, como Carlos Argüelles, un amigo desde su juventud.

En el Ministerio de Seguridad de la Nación, celebraron “avances fundamentales” en la investigación. Plantearon que “se está trabajando fuertemente para hallar a los responsables de los crímenes que sembraron terror en la sociedad”.

“El Estado está unido, somos más fuertes que cualquier organización criminal y vamos a llegar a los responsables”, planteó Pullaro en las redes sociales. “Los santafesinos y el país deben saber que no hay impunidad. Hoy dimos un paso adelante importante y sabemos que falta mucho por hacer en la lucha contra las mafias”, sostuvo.

Los 30 allanamientos en diversos puntos de Rosario se llevaron adelante bajo estricta reserva. El objetivo era dar con los acusados de los crímenes de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero de la línea K Marcos Daloia, y de Bussanich. Además, existieron otros hechos vinculados a estos homicidios, como la balacera a la Comisaría 12, a un colectivo de la línea 122, y el incendio de un taxi.

El gobierno provincial y nacional calificaron estos hechos como “narcoterrorismo”. Y ensayaron luego varias medidas para lograr que la población vuelva a despojarse del miedo, después del impacto que provocaron estas muertes. Fueron víctimas elegidas al azar para causar la sensación en la gente de que cualquiera podía ser blanco de una ejecución.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe llamaron a la creación de un comité de crisis para intervenir en el tema. Y llegaron a Rosario unos 450 efectivos de las cuatro fuerzas federales, a los que se sumaron camionetas y colectivos del Ejército, junto a dos helicópteros que todo el tiempo patrullan desde aire.

Rosario atraviesa un escenario novedoso y particular. Una instancia que no tiene antecedentes. El problema no es la cantidad de casos de violencia, como sucedió a lo largo de la última década, sino el tipo de acción que llevan adelante los grupos criminales. Y está ahí puesta la preocupación del gobierno porque se confirmó que hubo acciones coordinadas para generar un estado de pánico. El análisis que hacen en el gobierno es que se buscó golpear la confianza en la gente a esta nueva gestión, que se planteó como prioridad bajar la violencia.

Este nuevo capítulo genera no solo preocupación, sino también cierto desconcierto sobre dónde pueden golpear la próxima vez. En el gobierno provincial no descartan que se produzcan nuevos hechos que provoquen más conmoción. Lo que repiten es que no van a retroceder con las medidas que tomaron en las cárceles.