ROMA.- Después de dos años y medio, 69 testigos y 86 audiencias en las que afloraron detalles dignos de una novela de intrigas al mejor estilo Dan Brown, concluyó hoy en el Vaticano el megajucio por corrupción, estafa y malversación de fondos reservados impulsado por el papa Francisco, con una condena de cinco años y seis meses de reclusión para el cardenal Angelo Becciu, un hecho sin precedente.

Becciu, de 75 años y que no estuvo en el aula cuando la sentencia fue leída por el presidente del tribunal, el famoso procurado antimafia Giuseppe Pignatone, también fue condenado a la inhabilitación perpetua para cargos públicos y una multa de 8000 euros. Su abogado defensor, Fabio Viglione, enseguida reiteró la “inocencia” de su cliente -castigado por “peculado”, delito que consiste en el hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración- y anunció un recurso en contra de este veredicto de primer grado: “respetamos la sentencia, pero vamos a apelar”, anunció.

En verdad, el promotor de justicia vaticano, como se lo llama al fiscal, Alessandro Diddi, había pedido una pena de siete años y tres meses para Becciu, que se convirtió en el primer cardenal condenado por un tribunal del Vaticano, en un proceso en el que estuvo imputado junto a otras nueve personas, todas acusadas de graves violaciones financieras. Para ellos, muchos oscuros brokers y banqueros acusado de reciclaje, Diddi había pedido un total de 73 años y un mes de prisión, sin contar multas varias y penas interdictivas.

La única mujer imputada, Cecilia Marogna, amiga del cardenal, originaria de Cerdeña, como él, fue condenada a 3 años y 9 meses de prisión por fraude agravado, con inhabilitación temporaria para cargos públicos por ese período. Apodada por la prensa “la dama del cardenal”, Marogna recibió de Becciu 575.000 euros –siempre sacados de los fondos reservados de la Secretaría de Estado-, por supuestas actividades de inteligencia jamás realizadas, que tenían como fin liberar a una monja secuestrada en África. Sólo uno de los diez imputados, el monseñor Mauro Carlino, jefe de la oficina de información y documentación de la Secretaría de Estado, que fue durante años secretario personal del cardenal Becciu, resultó absuelto.

El llamado “juicio del siglo” comenzó en julio de 2021, tres meses después de que el papa Francisco firmara un “motu proprio” para que cardenales y obispos pudieran ser juzgados en tribunales ordinarios. El juicio arrancó al cabo de una larguísima y compleja investigación que se inició en 2019 al salir a la luz una inversión descabellada en un lujoso edificio de Londres realizada por la Secretaría de Estado con fondos reservados entre 2013 y 2014, cuando Becciu era su sustituto, que le hizo perder a la Santa Sede nada menos que 250 millones de dólares, “equivalente a aproximadamente un tercio de las disponibiliades de la época de la Secretaría de Estado”, indicó un comunicado del tribunal del Vaticano.

Becciu, hombre muy poderoso y que gozaba de la confianza del Papa hasta ese momento, fue sustituto de la Secretaría de Estado, es decir, el número tres de la Santa Sede, desde 2011 hasta mediados de 2018, cuando el Papa lo reemplazó por el venezolano Edgar Peña Parra y lo desplazó a la Congregación para las Causas de los Santos. En septiembre de 2020 Becciu fue obligado por Francisco a renunciar a sus cargos y derechos cardenalicios, es decir, a su participación en un cónclave, al salir a la luz en la prensa italiana sus turbias gestiones de dinero. El alto prealdo mantuvo, no obstante, su título de cardenal.

El escándalo que determinó su defenestración incluyó hechos de corrupción familiar, como las donaciones de 125.000 euros que le giró a una cuenta de una asociación vinculada con la Cáritas de Ozieri, en Cerdeña, que en ese momento presidía su hermano Antonino.

Por su mole inmensa de documentos y por el terremoto que significó en el Vaticano, la maxi-investigación que precedió al juicio fue comparada con la operación anticorrupción Manos Limpias de la década del ‘0 en Italia. Durante siglos, en efecto, en el Vaticano los errores o delitos de los altos cargos de la Curia se resolvían a puertas cerradas: sin intervención de policías, fiscales ni jueces. Los trapos sucios quedaban en casa.

Como siempre destacó el papa Francisco, que en sintonía con su predecesor, Benedicto XVI, intentó hacer limpieza en las finanzas del Vaticano, en este caso “por primera vez” la olla “se destapó en el Vaticano desde adentro y no desde afuera”, como dijo el exarzobispo de Buenos Aires.

En efecto, todo empezó cuando , en el verano de 2019, el papa Francisco fue alertado de la existencia de irregularidades financieras alrededor de la inversión londinense por Gianfranco Mammí, director general del Instituto para las Obras de Religión (IOR, el banco del Vaticano) y hombre de su confianza. Fue entonces que el Papa decidió que quería ir hasta el fondo, cayera quien cayera.

Durante el megajuicio, el primero de este tipo en el Vaticano, que tuvo lugar en una sala puesta a disposición por los Museos Vaticanos, donde se vieron desfilar abogados con togas y 69 testigos en 86 audiencias, hubo varios golpes de escena. Uno de ellos fue en noviembre del año pasado, cuando el fiscal Diddi reveló la grabación de un llamado telefónico que el cardenal Becciu le hizo al Papa sin que su interlocutor y jefe máximo supiera. En ese llamado, el cardenal (ya defenestrado por el Papa en septiembre de 2020, que perdió sus derechos cardenalicios, pero no el título), intentaba hacerle decir al Papa que le había dado el permiso para hacer una transacción de dinero para liberar a una monja.

La grabación en cuestión fue hallada en el celular de una sobrina de Becciu, Maria Luisa Zambrano, que fue quien, en lo que causó gran revuelo -ya que es grave grabar a una persona sin que esta lo sepa-, registró una conversación telefónica entre su tío y el Papa. Esta dura 5 minutos y 37 segundos y ocurrió a las 14.55 del 24 de julio de 2021. Una fecha importante: pocos días antes de que comenzara en el Vaticano el “juicio del siglo” y pocos días después de que el Papa había sido dado de alta del hospital Gemelli, donde había estado internado diez días por una compleja operación de colon.

Otro golpe de escena fue en enero, cuando reapareció, como testigo en el proceso, Francesca Immacolata Chaouqui, la relacionista pública condenada en julio de 2016 por otro tribunal del Vaticano a diez meses de prisión por filtración de documentos reservados. Apodada por sus detractores como la “papessa” (la papisa) o la “mata-hari” del Vaticano, Chaouqui, lobbysta de 40 años y que siempre consideró a Becciu uno de sus máximos enemigos, habría ayudado a monseñor Alberto Perlasca, ex mano derecha del cardenal sardo, a pasar a ser su principal acusador y tesgo clave. Junto a una amiga de este arzobispo, Genoveffa Ciferri, que la hizo pasar como un “viejo magistrado”, las dos contribuyeron a redactar un “informe” con el que Perlasca,una suerte de arrepentido, delató al Becciu.

Según la esperadísima sentencia, el financista romano Enrico Crasso, de 75 años, que durate casi tres décadas manejó las inversiones de la Secretaría de Estado, fue declarado culpable de autoreciclaje, fue absuelto por peculado y fue condenado a 7 años de reclusión, 10.000 euros de multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Los turbios brokers italianos Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi (este último arrestado en junio de 2020 y luego liberado bajo fianza), fueron condenados el primero a 5 años y 6 meses y el segundo a 6 años, multas de 8000 y 6000 euros y a la inhabilitación perpetua para cargos públicos; Torzi también deberá estar bajo vigilancia especial por un año.

Fabrizio Tirabassi, funcionario de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, acusado de haber tenido un rol protagónico en la investión londinense, tanto es así que cobraba “fees” del banco UBS de acuerdo al volumen de transacciones y si conseguía nuevos clientes, fue quien tuvo la condena más alta: 7 años y 6 meses de reclusión, 8000 euros de multa y inhabilitación perpetua para cargos públicos.

Tommaso Di Ruzza, exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), el ente encargado de vigilar que no haya reciclaje o movimientos de dinero sospechosos y su exjefe, el abogado suizo René Brüelhart, expresidente de la AIF, fueron absueltos de los delitos de abuso de poder, pero condenados por “omisión de denuncia”, es decir, por no haber señalado operaciones sospechosas, a una multa de 1750 euros.