En el arranque del debate en particular del megaproyecto de ley del Gobierno, el oficialismo logró llevarse un primer trofeo: por votos a 134 afirmativos y 121 en contra, se aprobó el artículo primero de la iniciativa, por la cual se declara la emergencia pública en seis materias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año.

De esta manera, serán seis las emergencias a ser declaradas este año, la mitad de las que pretendía Javier Mieli cuando envió la iniciativa al Congreso.

Acto seguido, los diputados se abocarán a las facultades delegadas que se le concederán al Gobierno. Sectores de los bloques dialoguistas pretenden acotarlas. El texto original establece otorgar facultades para no solo reorganizar el sector público nacional para hacer más eficiente y racional su funcionamiento; además, propone intervenir todos los entes, empresas y sociedades cualquiera sea su tipo jurídico, a excepción de las universidades.

Además, se le permitiría al Poder Ejecutivo privatizar total o parcialmente empresas, sociedaes establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad sea del estado nacional. Asimismo, podrá modificar, transformar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos y fondos fiduciarios públicos, estas últimas cajas negras de la administración.

La cuestión de las facultades delegadas no es menor. El Gobierno propone declarar seis emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Sobre estas emergencias, el artículo cuatro establece las bases de legislación, las cuales, a gusto de los legisladores opositores, son por demás amplias. Por caso, se le otorgarían facultades para no solo reorganizar el sector público nacional para hacer más eficiente y racional su funcionamiento; además, propone intervenir todos los entes, empresas y sociedades cualquiera sea su tipo jurídico, a excepción de las universidades.

Además, se le permitiría al Poder Ejecutivo privatizar total o parcialmente empresas, sociedaes establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad sea del estado nacional. Asimismo, podrá modificar, transformar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos y fondos fiduciarios públicos, estas últimas cajas negras de la administración.

Después de siete cuestiones de privilegio, la sesión comenzó con la puesta en común del procedimiento que se adoptaría para discutir cada artículo. Se estipuló que el orden de la votación sería correlativo y se determinó que la unidad del debate sea por capítulo.

Gabriel Bornoroni, diputado de LLA y miembro informante de la sesión, comenzó leyendo las modificaciones plasmadas en el texto de la iniciativa del Ejecutivo. Tras indicar que se eliminarían las emergencias previsional, fiscal y de salud, detalló que se mantendrán aquellas en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.