Pese a que en las últimas horas el oficialismo y los bloques de oposición dialoguista acercaron posiciones en torno a distintos puntos que conforman la llamada “Ley de Bases”, todavía quedan artículos que generan fricción y que amenazan con enrarecer el clima en vísperas de la sesión prevista para este miércoles la Cámara de Diputados. Uno de ellos es el referido a las privatizaciones de las empresas públicas: para los libertarios es un capítulo clave sobre el que no están dispuestos a negociar.

Según pudo saber LA NACION, otro de los artículos que genera polémica es el que propone extender hasta el 22 de diciembre de este año la vigencia del impuesto PAIS, un tributo que rige desde los albores del gobierno de Alberto Fernández y que en la actualidad se ubica tercero en el ranking de recaudación nacional, con ingresos totales por $1,5 billones anuales.

Un grupo de gobernadores discutirá esta tarde, en la sede de la Confederación Federal de Impuestos (CFI), si sus legisladores darán sus votos para concederle esta prórroga al Gobierno o si, por el contrario, les bajarán la orden de buscar algún mecanismo para que el impuesto sea coparticipable con las provincias. Esta última alternativa sería todo un golpe para la Casa Rosada.

Respecto de las privatizaciones, el dictamen aprobado el miércoles pasado contiene un artículo en el cual se faculta al Poder Ejecutivo “a privatizar total o parcialmente o liquidar empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional”. Se incluye un anexo en el cual enumera 36 empresas a ser sujetas a privatización (entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles y medios públicos), mientras que, en otro anexo, dispone que el Banco Nación, Arsat y Nucleoelétrica Argentina “solo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.

Si bien la oposición dialoguista logró excluir a YPF de las empresas a ser privatizadas, no está de acuerdo con cederle al Gobierno la facultad de avanzar con el resto de las privatizaciones sin una ley previa sancionada por el Congreso.

La cuestión de las delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo todavía sigue generando desacuerdos con un sector de la oposición pese a que el Poder Ejecutivo accedió a reducir de 11 a 7 la cantidad de delegaciones. Desde las bancadas Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, por caso, insisten en eliminar del proyecto las delegaciones en materia de seguridad, tarifas y energía.

Otro punto sobre el que los gobernadores volverán a la carga tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. En su dictamen el oficialismo acordó con los bloques dialoguistas que solo se transferirán al Tesoro los títulos de deuda en manos del FGS, no así los activos.

Sin embargo, los gobernadores insisten en que el traspaso se efectúe previa compensación de las deudas de las provincias con el FGS y garantizando que los flujos de dicho fondo permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias a la Anses.