El gobierno de Javier Milei vuelve a desplegar un fuerte operativo de seguridad ante una nueva jornada de protestas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que desde la madrugada se activó otra vez el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales ante la manifestación en el centro porteño convocada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y organizaciones sociales en rechazo del megadecreto que firmó el Presidente para desregular la economía.

Como ocurrió en la marcha piquetera del miércoles en la Plaza de Mayo, Bullrich coordina el operativo con las autoridades del Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, que están a cargo de la seguridad en el territorio porteño. De hecho, el ministro de Seguridad de Jorge Macri, Waldo Wolff, y su número dos, Diego Kravetz, quien quedó al mando de la Policía de la Ciudad, se encontraban esta mañana en el Departamento Central de la Policía Federal, donde Bullrich montó el comando unificado de las fuerzas federales para monitorear la manifestación.

Allí también llegó Javier Alonso, ministro de Seguridad de Axel Kicillof, quien tenía previsto encontrarse con Bullrich para consensuar medidas para combatir el flagelo del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Si bien la funcionaria nacional aspiraba a que Alonso colaborara con los operativos para impedir los piquetes, sobre todo, en los ingresos a la Capital, Kicillof tampoco adhiere al duro protocolo de seguridad.

Otra jornada de protesta: ollas populares y movilización de organizaciones sociales “contra el ajuste”

Según lo acordado entre las autoridades nacionales y porteñas, el Gobierno de Milei desplegó a las fuerzas federales -la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval-en los accesos a la Capital, como el Puente Pueyrredón o el Puente La Noria; en edificios públicos, como la Casa Rosada y el Congreso. La intención de las autoridades nacionales es lograr de esa forma un efecto “disuasivo” en las zonas que están bajo jurisdicción federal.

Habrá estrictos controles para obstaculizar el ingreso de manifestantes que circulen con el rostro tapado o porten palos u otros “elementos contundentes”.

El esquema de seguridad para evitar piquetes en las principales arterías de la Ciudad estará a cargo del gobierno de Jorge Macri, que tiene su propio plan de procedimiento y no adhiere al protocolo de Bullrich. Las fuerzas federales solo intervendrán en caso de que haya un requerimiento formal del gobierno porteño. Es decir, en el supuesto de que la policía de la Ciudad se vea superada por los manifestantes y no logre despejar los cortes.

“Dentro de la Ciudad no vamos a dejar que corten las calles”, insisten en el gobierno porteño. El operativo de hoy es más acotado que el del miércoles, cuando Jorge Macri desplegó unos dos mil efectivos para reducir los bloqueos a la circulación durante la manifestación de izquierda.

“Estamos en la Panamericana, en el Puente Pueyrredón, detrás de la Casa de Gobierno, detrás de Congreso y en todos los puntos federales que consideramos que se deben cuidar. Luego eso está acompañado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que en el ejido de la Ciudad tiene que hacer el trabajo”, apuntó Bullrich antes de dirigirse a la Casa Rosada para participar de la reunión de Gabinete.

Pasadas las 11, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó el informe que difundirá el Ministerio de Seguridad sobre los resultados del fuerte operativo del miércoles por la movilización piquetera. Dijo que el Gobierno realizó una presentación judicial por el delito de extorsión y defraudación contra 32 personas a partir de las 16150 denuncias que recibieron en la línea 134. Se trata del canal que habilitó el Ejecutivo para recibir denuncias de extorsiones. El caso quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello.

“En estas denuncias los ciudadanos explican los mecanismos de extorsión empleados por las organizaciones tales como pedido de dinero cada vez que cobran el plan; multas que llegan que llegan a los 8000 a quienes no concurren a los cortes de rutas por ellos convocados; amenazas de dar de baja el plan si no se prestan a la concurrencia a estos eventos”, detalló el Gobierno en el informe sobre el operativo del 20 de diciembre.

Además, el vocero presidencial sostuvo que las fuerzas federales identificaron a catorce organizaciones sociales en la manifestación. Mencionó, entre otras, al Polo Obrero, la Corriente Clasista Combativa, el Movimiento Evita, Libres del Sur, Barrios de Pie, el Movimiento Patria Justa, Darío Santillán y el MTE.

Adorni reveló, además, que el despliegue del miércoles de las fuerzas federales tuvo un costo de 60 millones de pesos. Y ratificó que el Gobierno le trasladará ese importe a las organizaciones políticas y sociales que promovieron y participaron de la marcha piquetera del 20 de diciembre en el centro porteño, como establece el nuevo protocolo de orden público.

Por ahora, el Ejecutivo no identificó a beneficiaros de planes sociales que hayan cortado las calles. Una de las advertencias de Milei es que suprimirá la asistencia a las personas que participen de los piquetes. “Aún se desarrolla el procedimiento de cruce con las bases de datos para verificar quiénes poseían un plan social a fin de proceder de acuerdo con las normas del Ministerio de Capital Humano”, indica el informe de la cartera de Bullrich.