A espaldas del kirchnerismo, que sostiene una oposición cerrada a la iniciativa, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a los jefes de los bloques del resto del arco opositor a una reunión este mediodía para tratar de acelerar el debate del proyecto que modifica la ley electoral para establecer el voto con boleta única de papel.

La idea de la vicepresidenta y sus colaboradores más cercanos es tratar de apurar la firma del dictamen de comisión esta misma semana y dejarlo listo para su tratamiento en el recinto en la segunda semana de enero.

Sin embargo, parece una misión de difícil cumplimiento. A la profundidad del tema y al hecho de que el oficialismo libertario no tiene número propio para imponer un trámite exprés se sumarían las dificultades de movilizar a los legisladores, la mayoría en sus provincias a esta altura del año, para un debate convocado a último momento.

Tampoco hay que descartar como un factor que podría complicar los planes de la vicepresidenta el malestar que generaron las denuncias de Javier Milei contra la oposición. El Presidente habló de supuestos pedidos de coimas a cambio de la sanción de leyes. El malestar se ha extendido, incluso, en bloques proclives a ayudar a la gobernabilidad.

El proyecto de boleta única de papel (BUP) fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio de 2022 y desde entonces quedó cajoneado, por la oposición del Frente de Todos, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. En aquel momento, ambos cuerpos de trabajo legislativo estaban en manos de Guillermo Snopek (Jujuy) y Oscar Parrilli (Neuquén), senadores que respondían al kirchnerismo. Desde el recambio legislativo las comisiones quedaron disueltas, por lo que deberán volver a constituirse en su totalidad y elegir nuevas autoridades.

A priori, Villarruel podría recrear la mayoría de 39 senadores que hace dos semanas le permitió vencer la negativa del kirchnerismo a que la Cámara alta eligiera un nueva mesa de conducción. Como presidente provisional fue designado el libertario Bartolomé Abdala (San Luis) y Villarruel impuso a dos personas de su confianza en las estratégicas secretarías Administrativa y Parlamentaria.

Si se toma en cuenta la votación registrada en Diputados, donde la entonces oposición se impuso al rechazo del Frente de Todos, la aprobación de la BUP tendría el apoyo de los 24 senadores de los tres bloques en que se dividió Juntos por el Cambio (UCR, Pro y Cambio Federal). Además, sumaría los votos de los tres peronistas disidentes nucleados en Unidad Federal y de Mónica Silva, senadora de Juntos Somos Río Negro, fuerza provincial que apoyó la boleta única cuando se aprobó en la Cámara baja. A esta cifra deberían añadirse los siete senadores de La Libertad Avanza.

Así, el proyecto de boleta única de papel reuniría 35 votos, apenas dos por debajo de la mayoría absoluta que se requiere en el Senado para aprobar iniciativas de índole electoral.

En este escenario cobrarán vital importancia el camino que adopten dos fuerzas provinciales que gobiernan sus distritos y que controlan, en total, cuatro votos que serían claves. Se trata de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que responden al gobernador Claudio Vidal, y de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que tributan al líder del oficialista Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira.

El gobernador Vidal se reunió la semana pasada con Villarruel en un encuentro en el que se habría hablado de los alcances del polémico decreto de necesidad y urgencia del Gobierno nacional y, sobre todo, del rechazo del mandatario a la posibilidad de dar marcha atrás con los cambios en el impuesto a las Ganancias, por el impacto negativo que esta medida tendría sobre el salario de bolsillo de los trabajadores petroleros.

El rechazo del kirchnerismo parece no haber cambiado. “Estamos haciendo las consultas, pero en principio no hay clima”, le dijo a este diario un vocero de la conducción del bloque del Frente de Todos. En 2022, la boleta única mereció el rechazo de Cristina Kirchner. “Votás una lista como si fuera una ristra de chorizos y ajos”, fue la bienvenida de la entonces vicepresidenta al texto aprobado por la Cámara baja. Alberto Fernández también sumó su crítica a la iniciativa.