El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) puso en marcha ayer el proceso de evaluación en el país de las políticas adoptadas por el Gobierno para luchar contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Ejecutivos de ese organismo multilateral, cuya evaluación resultará clave para una administración que proclama su intención de volver a insertar a la Argentina en el mundo occidental, iniciaron una visita que se extenderá hasta el 26 de marzo con un acto al que asistieron altas autoridades de los tres poderes del Estado y miembros del GAFI en el Palacio San Martín.

Allí estuvieron presentes el secretario ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin; el equipo evaluador del GAFI; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; el procurador General de la Nación, Eduardo Casal; presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; el ex presidente del GAFI y actual miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Otamendi.

Además, fueron parte del encuentro el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi; el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori y la directora de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sonia Salvatierra.

El equipo evaluador del GAFI, que inició así la cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Argentina, está integrado por representantes designados por seis diferentes países miembros de esa organización: uno del Banco Mundial, tres representantes de las secretarías ejecutivas de esa entidad y uno del GAFILAT, quienes serán los encargados de elaborar un informe independiente que contenga análisis, conclusiones y recomendaciones sobre el cumplimiento de las normas del organismo en nuestro país.

Durante 20 días mantendrá una intensa agenda de reuniones con las autoridades competentes en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y con representantes del sector privado.

En dicho lapso sería clave que el Senado logre avanzar con el proyecto de ley que adecua la legislación vigente en materia de persecución y represión de los delitos de lavado de activos proveniente de actividades ilícitas a los estándares exigidos precisamente por el GAFI y que ya logró dictamen a favor.

Sin embargo, la inactividad de ese cuerpo, en un contexto de lucha política entre el oficialismo y la principal oposición sobre el futuro del DNU con que la administración Milei impuso sus primeras decisiones, se presenta como un escollo difícil de superar.

En medio de esta situación, el presidente de la CNV, Roberto Silva, se encuentra abocado a completar el directorio de ese ente, por lo que tiene previsto avanzar en dos nuevas designaciones, una de las cuales estará vinculada con la necesidad de un mejor control de la actividad con criptomonedas, ya que será el ente encargado del registro y la tutela sobre los oferentes con actuación en el mercado local.

Este abogado, que se desempeñó por 31 años como socio del estudio Marval O’Farrell Mairal, tiene como tarea principal acompañar a las autoridades económicas en un progresivo desarme del cepo cambiario, como paso necesario para una normalización del mercado de capitales, que desde luego incluye la salida del cepo, todo ello en coordinación con el Ministerio de Economía y el Banco Central.

“Queremos remover todas las trabas que no tienen sentido e impulsar los instrumentos para que los participantes del mercado desarrollen y capten el dinero que haya en el mercado. De esta manera, lograremos que los inversores se encuentren con los demandantes de crédito de mediano y largo plazo, que es en definitiva de lo que se trata el mercado de capitales”, explicó días atrás a LA NACION.

Para todo ello, la evaluación del Gafi se plantea como “clave”. Es un organismo internacional compuesto de 39 miembros, la Argentina lo integra desde el año 2000. La revisión a nivel de pares produce una calificación país que resulta de enorme relevancia para el acceso a los mercados financieros internacionales, para la atracción de inversiones y para tener menores costos transaccionales.

El proceso iniciado se prolongará hasta octubre próximo, cuando el Plenario del GAFI debata en París el Informe de Evaluación Mutua de Argentina.