El Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, intimó al gremio de Camioneros a pagar 40.419.227,56 pesos por los gastos que le generó al Estado como consecuencia de la movilización del 27 de diciembre pasado al Palacio de Tribunales. El reclamo, dice la carta documento que recibió ayer el sindicato, es para cubrir los “costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras a mantener el orden público” durante esa jornada de protesta contra el Gobierno.

Los responsables, que según la notificación deberán afrontar los costos solidariamente, son “las organizaciones que participaron del corte total o parcial del tránsito vehicular”. La carta documento que recibió Camioneros enumera en la lista de deudores no solo a distintos gremios (son ocho en total) sino también a agrupaciones de izquierda, como el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), la UTEP y la Asociación Civil Polo Obrero.

Firma la comunicación Martín Siracusa, responsable de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, que intimó al apoderado de Camioneros a que haga el pago “en el plazo perentorio de diez días hábiles” y le dijo que quedaba notificado “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.

En la lista de las agrupaciones gremiales intimadas están el Sindicato del Neumático, la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el gremio de los judiciales, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), entre otros.

El Gobierno había anunciado el mes pasado su plan de cobrarles los gastos generados a los manifestantes que incumplieran el protocolo. Lo advirtió el 22 de diciembre y difundió una lista de agrupaciones que, según la Casa Rosada, habían estado “involucradas” en la marcha realizada dos días antes, el 20, en recuerdo de la movilización de 2001 que terminó con represión y muertes.

La marcha del 27 de diciembre fue en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que estableció, entre otras cosas, una fuerte desregulación de la economía, una reforma laboral, la derogación de múltiples normativas y medidas para la privatización de empresas públicas.

Ese día, el gobierno nacional desplegó su flamante protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad y advirtió que serían utilizadas “todas las medidas de disuasión” disponibles para evitar cualquier afectación al tránsito. Sin embargo, hubo cortes de calles y la zona de los tribunales estuvo parcialmente bloqueada.

En paralelo con la movilización, la CGT y la CTA iniciaron acciones judiciales contra el DNU. Las dos agrupaciones gremiales tuvieron éxito porque la Cámara de Apelaciones del Trabajo, a pedido de ellas, dictó medidas cautelares que mantienen suspendida la reforma laboral incluida en el decreto de Milei.