La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, rechazó hoy el pedido de la Argentina de extender el plazo de suspensión de la ejecución de la sentencia en contra por el juicio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF. De esta manera, a partir de hoy, los fondos Burford Capital e Eton Park podrán hacer pedidos de embargos de activos argentinos. Sin embargo, la jueza no especificó qué bienes podrán sujeto a embargo, lo cual hace que el proceso sea más exigente.

En un duro escrito, Preska dijo que la Argentina “ha demostrado una aparente intención de aprovechar la práctica de las mociones y la transición de las administraciones para eludir sus obligaciones en la sentencia definitiva y no hay evidencia de ningún intento de pagar”.

El Estado argentino fue obligado a indemnizar con US$16.100 millones, el 15 de septiembre pasado. Pero tenía plazo hasta ayer para presentar una garantía mínima de activos pedida por los demandantes y concedida por Preska: el 26% de las acciones de YPF y una supuesta deuda que el Ente Nacional Yacyretá tiene con el país por US$2000 millones, de la época de cuando se construyó la represa. El problema es que ambos activos son difíciles de prendar. Para entregar las acciones de YPF, se necesita la autorización del Congreso por la ley de Expropiación de la petrolera de 2012. Por el lado de la deuda, no existen documentos oficiales que la validen.

Por eso, la defensa argentina había pedido extender los plazos de ejecución de la sentencia. El buffet Sullivan & Cromwell se refirió a la crisis económica del país y dijo que “el nuevo gobierno de la República está abordando circunstancias económicas terribles, incluida la pobreza generalizada, la renegociación de los servicios de deuda con el FMI, la incapacidad de acceder a los mercados internacionales de capital y una inflación que ahora se acerca al 200%”.

La jueza Preska había pedido también que el Estado argentino acelere el pedido de apelación del fallo. Sin embargo, la defensa argentina volvió a pedir una postergación de plazos. “Han pasado casi cuatro meses desde que se emitió la sentencia el 15 de septiembre de 2023. Durante este tiempo, la República ha tomado una variedad de acciones, incluida una apelación ante el Tribunal de Apelaciones, una moción para suspender la sentencia pendiente de apelación, una moción para extender la suspensión temporal y concurrencia de plazos, y un recurso de reconsideración para dilatar y eludir sus obligaciones derivadas de la sentencia”, dijo Preska.

“La República no ha hecho ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por la orden del Tribunal del 21 de noviembre (es decir, el requisito de prometer activos mínimos a los demandantes y buscar un tratamiento acelerado por parte del Tribunal de Apelaciones) y, de hecho, ha solicitado al Tribunal de Apelaciones y fue concedido una prórroga para presentar su escrito de apertura”, agregó la jueza.

El 22 de febrero, la Argentina tiene que presentar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska. Los demandantes, por su parte, también iniciaron el proceso de apelación para que se revoque la sentencia que eximió de responsabilidades a YPF.

El juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF es el caso más importante que enfrenta la Argentina en el exterior. En primera instancia, la jueza Preska determinó que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora.