El bloque kirchnerista del Senado pidió esta tarde una sesión especial para el próximo jueves 1 de febrero con el objetivo de rechazar el decreto de necesidad y urgencia 70/23 del gobierno de Javier Milei, ambicioso intento desregulador de la economía que se encuentra suspendido por la Justicia en áreas como la laboral, pero que todavía mantiene vigencia en varios aspectos.

La jugada encendió las alarmas en el tablero de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del Poder Ejecutivo, que tendrá que extremar negociaciones para evitar que la bancada que preside el formoseño José Mayans pueda asestarle un golpe político a una de las primeras medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.

La movida del principal bloque de oposición de la Cámara alta fue decidida en las últimas horas, luego de que en la reunión que celebró la bancada en la tarde del martes se acordara buscar mayor consenso antes de avanzar con el pedido de sesión. Las negociaciones para buscar masa crítica no prosperaron, a pesar de lo cual la conducción de Unión por la Patria ordenó seguir adelante aún cuando, por el momento, no tiene garantizado el quórum para habilitar el debate.

Denominado con el ambicioso nombre de Bases para la Reconstrucción de la Economía, el decreto fue emitido el 21 de diciembre último y ordena la desregulación en amplios aspectos de la vida económica nacional mediante la modificación o derogación de leyes en áreas tan diversas como la relación contractual entre inquilinos y propietarios, la venta de medicamentos, reformas a las leyes laborales, el régimen de tarjetas de crédito y la compra y venta de automóviles.

El Gobierno envió el decreto al Congreso el 5 de enero pasado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene la misión de analizar la constitucionalidad de la medida. El órgano parlamentario nunca se constituyó por lo que, pasados los diez días hábiles que establece la ley, el DNU quedó habilitado para su tratamiento directo en el recinto de ambas cámaras legislativas.

Según la ley que regula su control parlamentario, para derogar un decreto de necesidad y urgencia hace falta el rechazo explícito de ambas alas del Congreso. Si no se consigue el voto en contra de Diputados y del Senado, el DNU sigue vigente como consecuencia de la denominada sanción ficta. La redactora de la norma fue la entonces senadora y primera dama Cristina Kirchner.